Como todo lo relacionado a la discapacidad en Argentina, el iniciar y culminar los trámites de compra de un automóvil con los beneficios que establece la ley N° 19.279, sobre discapacidad es una tarea épica.
Les cuento que alcanzar este beneficio resulta ser una experiencia desquiciante, no sólo emocionalmente sino incluso económicamente.
Gracias a la falta de agilidad en la comunicación con el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, los trámites para la obtención del beneficio se han vuelto muy difíciles de completar. A menos que se cuente con una importante cantidad de dinero a destinar a trámites y días perdidos de trabajo y una paciencia digna de un maestro Shaolin.
Tiempos de espera larguísimos, trabas y escollos que nada tienen que ver con el espíritu de la ley, falta de información, juntas medicas oprobiosas, pedidos de documentación absurda por parte de la AFIP.
Por experiencia propia les cuento que la falta de conocimiento, profesionalismo y don de gentes de nuestros empleados públicos hacen que la que la documentación solicitada cambie de una semana a otra (!) Incluso con el trámite ya iniciado.
Si vivís en el interior, en cambio, es más simple: ¡Olvídalo! Es imposible. La distancia agrava las situaciones y el asunto se vuelve demencial. La Argentina, claro, se termina en la Gral. Paz.
Como siempre el beneficio no es tal, e incluso se convierte en un perjuicio, si no llega en tiempo y forma. Se me dirá que compre un auto pagándolo en su totalidad… No! Tengo el derecho de obtener una franquicia y eso voy a hacer. Esto ya es personal…
Hace pocos días el Defensor del Pueblo de la Nación aseguró en referencia a este tema que “garantizar el cumplimiento del espíritu del legislador en beneficiar sólo a personas que se vean afectadas por una discapacidad, en función de la esperada equiparación de oportunidades, no significa poblar de trabas el trámite, bajo el pretexto de aquella garantía”.
Se los traduzco al castizo: Gracias a vivos que han abusado de la franquicia y obtenido autos a menor precio sin ninguna discapacidad que lo justifique, los legítimos destinatarios de este beneficio se ven perjudicados por un trámite lleno de escollos, falta de información precisa y sobretodo, de respeto. ¿Se acuerdan -por ejemplo- del Mercedes que Susana Giménez compró de buena fe y luego escondió entre los yuyos?)
El Ombudsman nacional recomendó al Ministerio de Salud de la Nación y a la AFIP que aseguren una comunicación con el ciudadano con discapacidad, que permita otorgarle -en condiciones de mayor cercanía con sus domicilios-, información adecuada, debida, completa, clara y ajustada a las características del beneficio contemplado en la ley N° 19.279.
Pero lo peor, es que todo esto deja al descubierto la peor discapacidad. La discapacidad moral de nuestros gobernantes y empleados públicos. Deberíamos brindarles a ellos también la posibilidad de obtener una franquicia y una oblea de acuerdo a cada discapacidad. La obleas que propongo son: “Coimero”, “Corrupto”, “Usurpador de títulos”, “Sicario”, y una menos especifica para quienes no saben bien como encuadrarse, “Delincuente”. Además de conceder la oblea “R&F” a nuestros queridos ricos y famosos que “necesiten” un Hummer o un Porsche a precios razonables.
¿Ustedes que obleas creen que necesitamos?
Dale que va!